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De Diarios Oficiales, fuentes accesibles al público, y el deber de cancelación de datos

Curiosa noticia está que nos trae el diario El País de hoy en la que se trae a colación un asunto todavía por explorar en profundidad en el ámbito de la protección de los datos de carácter personal: la relación entre las libertades de expresión e información y la protección de datos de carácter personal.

Las resoluciones de la AGPD citadas en el artículo las tenéis aquí (caso BOE), a esta primera siguió con otra al interpuesto recurso de reposición, y aquí (caso del profesor y Google).

En su transposición la LOPD obvió el Considerando 37 y el artículo 9 de la Directiva 95/46/CE, cuestión que tampoco se encuentra del todo bien resuelta con respecto a los otros derechos de la personalidad reconidos en el artículo 18 de nuestra Constitución, esto es, la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. No obstante, sí que podemos contar con el recurso a la jurisprudencia existente sobre la relación entre las libertades de expresión y de información y los derechos regulados en la Ley Orgánica 1/1982.

No encuentro justificación al hecho de que la AGPD considere que el BOE, por existir obligación legal de publicar los indultos, queda exento del deber de cancelación de oficio que impone a todo responsable de fichero el artículo 4.5 LOPD, sobre todo si tenemos en cuenta la declaración de inconstitucionalidad por STC 292/2002 del artículo 24.2 LOPD. En mi opinión transcurrido el plazo de prescripción del delito que hubiera sido indultado procedería la cancelación de oficio, consistente en este caso no en la supresión de los datos personales del indultado, sino en la anonimización de los datos de carácter personal por efecto de la obligación legal de publicación en el BOE no sometida a plazo determinado.

Al menos podría haber declarado la AGPD que el BOE procedió adecuadamente con la anonimización de los datos de carácter personal en lugar de tan sólo apuntarlo como algo positivo. A lo que debería haber añadido que se debía haber hecho de oficio, indicando el momento oportuno para la cancelación, aunque entiendo que reconocer esto implica el reconocimiento de una importante carga para el BOE dada toda la casuísitca de publicación de infracciones administrativas, resoluciones judiciales,... que debería gestionarse de acuerdo con el principio de calidad de datos en su versión de cancelación de los datos y que sería una pesadilla.

Recordemos que esta obligación de anonimización existe con respecto al CENDOJ en lo que a la publicación de resoluciones judiciales se refiere (aunque no con respecto a los datos de abogados y procuradores en su faceta profesional), y si bien no en el caso del Tribunal Constitucional .

A lo que sumaría el hecho de que en la resolución del profesor y Google la AGPD reconoce que el hecho de que los datos se mantengan accesibles en Internet atenta contra la dignidad del profesor. Pero, ¿qué protección se consigue evitando la indexación tan sólo por Google y no por otros buscadores o servicios como http://www.archive.org/ y siguiendo los datos accesibles en el BOE incluso sin la anonimización que la AGPD parece entender no era obligatoria?

Finalmente, no quisiera dejar sin apuntar la inseguridad jurídica a la que conduce el régimen de cancelación que la AGPD interpreta existe con respecto al BOE, tomándola en cuenta junto con la consideración de éste y de otros Diarios Oficiales como fuentes accesibles al público. Y ello aunque quienes empleen datos personales recabados de estas fuentes deban cumplir con el deber de información que les impone, según las finalidades pretendidas, el artículo 5.4 o el 5.5 párrafo 2 LOPD pudiendo dar con ello pie al ejercicio del derecho de oposición de los afectados ya sea ante el Diario Oficial en cuestión o ante el responsable del fichero que tomó los datos de éste, como sucede en el caso del profesor y del BOE.

Álvaro Del Hoyo
Departamento de Consultoría

(+34 902 222 521)


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