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¿Revisión del desarrollo legislativo del artículo 18 de la Constitución?

El articulo 18 de nuestra Constitución nos reconoce los derechos fundamentales al honor, la intimidad personal y familiar, la propia imagen, la inviolabilidad del domicilio, el secreto de las comunicaciones y la autodeterminación informativa. Aunque todos estos derechos fundamentales son de aplicación inmediata, sí que es cierto que su desarrollo mediante la ley, que ha de ser orgánica, es necesario para la concreción de su alcance y sus límites a fin de contar con mayor seguridad jurídica.

Existían dudas sobre si el artículo 18.4 de la Constitución reconocía un nuevo derecho fundamental o si por el contrario era una garantía constitucional. La incógnita la vino a despejar el Tribunal Constitucional en sus sentencias STC 290/2000 y STC 292/2000, reconociendo como nuevo derecho fundamental la autodeterminación informativa que la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal había venido a desarrollar.

La Exposición de motivos de la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar, y a la propia imagen dice que viene a desarrollar el artículo 18.1 de la Constitución, si bien también en la definición de las intromisiones ilegítimas está desarrollando el secreto a las comunicaciones. Habría que añadir que el secreto de las comunicaciones se regula también en la Ley de Enjuiciamiento Criminal y en la Ley Orgánica 2/2002, de 6 de mayo, Reguladora del Control Judicial Previo del Centro Nacional de Inteligencia y también que este derecho ha tenido un desarrollo jurisprudencial bastante intenso.

En esta noticia de El País se indicaba el pasado martes que la Asociación de Internautas ha presentando varios escritos al Defensor del Pueblo solicitando que presente recurso de inconstitucionalidad a la Ley 25/2007, de 18 de octubre, de conservación de datos relativos a las comunicaciones electrónicas y a las redes públicas de comunicaciones. Esta Ley desarrolla el secreto de las comunicaciones y el derecho a la autodeterminación informativa, pues los datos de tráfico constituyen lo que se ha denominado el "ámbito externo" del secreto a las comunicaciones (al igual que los datos de localización en redes móviles) y resulta evidente que ambos tipos de datos revisten carácter personal.

Anteriormente, la Asociación de Internautas ya había presentado recurso contra el Real Decreto 424/2005, de 15 de abril, por el que se aprueba el Reglamento sobre las condiciones para la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas, el servicio universal y la protección de los usuarios. Este Real Decreto desarrolla el secreto de las comunicaciones y la protección de los datos de carácter personal de los usuarios y abonados de servicios de comunicaciones electrónicas, aparte de otros aspectos regulados en la Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones. Más en concreto, lo que se venía a poner en tela de juicio por la Asociación de Internautas era el resultado de la regulación sobre la interceptación de las comunicaciones, el Sistema Integral de Interceptación de Comunicaciones Electrónicas (SITEL).

En definitiva, a fin de aportar claridad y seguridad jurídica en cuanto a los derechos fundamentales reconocidos en los apartados 1 a 3 del artículo 18 de la Constitución, hace ya tiempo que viene siendo necesario que nuestro legislador dicte una o varias disposiciones orgánicas que regulen aquellos derechos de forma ordenada -siguiendo los trámites específicos establecidos por nuestra Constitución-, sistemática y alineada con los criterios jurisprudenciales sentados hasta la fecha por nuestros órganos judiciales. Aunque aún mejorable, esta normativa podría tomar como referencia la LOPD y su normativa de desarrollo.


Álvaro Del Hoyo
Departamento de Consultoría

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