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¿Cambiarán las interceptaciones de comunicaciones y la conservación de datos de tráfico y localización tal y como las conocemos?

Casi a la par se están produciendo dos recursos sobre dos normativas que afectan de forma importante al negocio de los operadores de comunicaciones electrónicas, pero sobre todo a los derechos fundamentales de todos nosotros a la intimidad personal y familiar, al secreto de las comuncaciones y a la autodeterminación informativa o privacidad.

Por un lado, y en España, después de que el Tribunal Supremo rechazara el recurso de la Asociación de Internautas contra el régimen de las interceptaciones de las comunicaciones recogido en el Real Decreto 424/2005, de 15 de abril, por el que se aprueba el Reglamento sobre las condiciones para la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas, el servicio universal y la protección de los usuarios (en adelante, "RD 424/2005"), ahora la AI contrataca interponiendo un nuevo recurso contra esta norma, esta vez en el Tribunal Constitucional. El motivo principal no es otro que en lugar de mediante ley orgánica, los derechos fundamentales afectados por esta regulación han tenido su base en una ley cuya aprobación no ha requerido mayoría absoluta.

Por otro lado, pero en este caso en Irlanda aunque con repercusión a nivel europeo, el Gobierno interpuso un recurso contra la Directiva 2006/24/CE, sobre la conservación de datos generados o tratados en lreación con la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas de acceso público o de redes públicas de comunicaciones, si bien este recurso se basa en los defectos formales en su adopción, de modo que ha sido aprobada no por unanimidad, sino por mayoría. A ello se han sumado Open Rights Group, Statewatch y Privacy International, entre otros 40 grupos defensores de derechos civiles han presentado una objeción a la Directiva 2006/24/CE, sumándose a la iniciativa del Gobierno irlandés, pues opinan de idéntica forma sobre los defectos formales de su tramitación, pero también alegando que la referida Directiva atenta contra el derecho a la privacidad, la libertad de expresión y la libertas de inforamción de las personas, además de ir contra el derecho a la propiedad de los operadores de comunicaciones electrónicas

En España, a pesar de que ya no queda prácticamente nada para que llegue el 8 de mayo, fecha para la que los operadores de comunicaciones electrónicas habrán de haber iniciado la conservación de los datos de tráfico y localización, aún seguimos sin que se haya aprobado la Orden Ministerial conjunta de los Ministros de Interior, de Defensa y de Economía y Hacienda regulando la forma en la que los operadores deban ceder los datos retenidos a los agentes facultados y que debiera haber estado lista el pasado 8 de febrero.

Desde luego, con la normativa sobre interceptación de comunicaciones electrónicas ya en vigor desde hace tiempo, y con el 8 de mayo a la vuelta de la esquina, en los próximos años podremos ver si nos cambían las reglas del juego tal y como las conocemos. Veremos entonces si entonces será aún más necesario que se revise íntegra y adecuadamente el desarrollo legislativo del artículo 18 de nuestra Constitución, o si por contra el legislador sigue en sus trece. Mucho me temo que puede ser mas lo segundo que lo primero.

Álvaro Del Hoyo
Departamento de Consultoría

(+34 902 222 521)


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