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Sanción de 300.000€ a un particular por publicar datos de afiliación sindical en Internet

Por Samuel Parra me entero de que la AEPD ha sancionado a un particular por publicar datos de afiliación sindical sin consentimiento de los afectados en una página web.

No obstante, es de destacar que la sanción ha sido recurrida por lo que aún pasará bastante tiempo hasta que sepamos si la Audiencia Nacional confirma la tesis Bodil Lindqvist del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, dada ya en varias ocasiones por buena por la AEPD. Habrá que ver hasta qué punto la Audiencia Nacional puede llegar a considerar que lo pretendidamente hecho por la persona sancionada supone una extralimitación en el ejercicio de la libertad de expresión y por tanto una vulneración del derecho a la privacidad o a la autodeterminación informativa.

Sorprende que, conociendo de la posibilidad de trazar las comunicaciones en Internet, haya alguien tomado la cautela de utilizar un proxy para subir los datos a la página web y no haya tenido el mismo cuidado al dar de alta el sitio de Internet y el correo electrónico dado de alta de forma anónima y empleado para acceder al servicio gratuito de alojamiento de la página web. Pero todo puede y suele ser... aunque ¿seguro que el rastro de la dirección IP puede ser considerado prueba suficiente para inculpar al abonado que estaba detrás de aquélla? Ya hemos hablado antes aquí sobre las diferentes posibilidades que existen como para que ello se pueda poner en duda.

De todas formas, aún si hubiera tenido en cuenta esto, todavía quedaría a la policía o a la AEPD una vía más para la identificación de una persona que hubiera procedido de esta manera, que no es otra que comparar las direcciones IP registradas en los logs de los accesos tanto de iespana.com como de mixmail.com por si ésta no se hubiera renovado entre acceso y acceso.

Por otra parte, como ya señala Samuel, sorprende también cómo el proveedor de alojamiento revela de forma inteligible la contraseña de acceso a la página web soporte del tratamiento inconsentido, en claro incumplimiento del art. 11.2 del Real Decreto 994/1999 o, en el futuro, del artículo 93.4 RLOPD.

Al hilo de las obligaciones jurídicas de quienes publican páginas webs o blogs personales resulta de interés tener a mano el excelente análisis hecho en su blog por David Maeztu y su reciente post sobre la sentencia sobre el caso Mafius blog.

Álvaro Del Hoyo
Departamento de Consultoría

(+34 902 222 521)


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